Apuntes para la Participasión

Por Raúl Leis R.

La concepción «desde arriba» de las políticas públicas connota un origen estrictamente institucional de la acción orientada a problemas públicos. Se privilegia ahí el trabajo de los expertos y los decidores. La política pública parece nacer del desempeño técnico, legal y administrativo de las burocracias dirigidas unidireccionalmente al consumo pasivo de una sociedad pasiva o solo receptora. El olvido del papel que tienen los actores y la racionalidad económica ha llevado a diseñar políticas en abstracto, como si se tratara solamente de un desafío técnico o de un ejercicio intelectual. El desafío no es entonces sólo formular las políticas correctas sino incorporar los actores al proceso de formulación y ejecución de políticas.

La invitación que nos plantea esta perspectiva es doble. Por una parte, involucrar a los actores en los diferentes momentos de configuración de las políticas educativas y socioeconómicas, y por otra, algo que es más importante aún, concebir su gestión como un proceso de aprendizaje social continuo, en el que la alternativa correcta deberá construirse y re-construirse a partir del diálogo entre los distintos actores, con sus distintas representaciones, intereses y capacidades. Esto supone superar el institucionalismo tradicional a favor de una perspectiva de interdependencia entre instituciones, actores y agentes sociales y políticas que mantienen una relativa autonomía.

La incidencia debe apuntar a que todos los Estados formulen, participación de un abanico de  organizaciones y movimientos de la sociedad civil,  la política de educación de personas adultas, pues la política general sobre educación es insuficiente  para impedir la tendencia a la creciente marginalización de las personas adultas. Para ello es importante fortalecer a las diferentes redes  de la sociedad civil en cuanto el diagnóstico, monitoreo, intercambio y conocimiento de necesidades educativas de los países, construcción de agendas colectivas coherentes con las necesidades educativas,  participación ciudadana en la demanda y la búsqueda articulada de soluciones.

La sociedad civil debe incidir en  revisar los actuales diseños de financiamiento de la educación y  desarrollar los cambios necesarios para que el Estado cumpla su rol de garante del derecho de todos a una educación de calidad a través del principio que gastar mejor es indispensable para poder invertir más, lo que significa que la preocupación por la equidad no sea un factor añadido, sino parte consustancial de los procesos de diseño de las políticas sobre financiamiento. [1] En fin es innegable la necesidad de estrechar o anular la brecha entre el quehacer público y la ciudadanía. Sólo en la medida en que el ciudadano sea integrante  del ciclo de políticas públicas tendrá la iniciativa de ser actor y fiscalizador.

Una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, infunde profundidad y permanencia a la democracia. Para ello los procesos educativos tienen que estar articulados a los procesos organizativos asociativos (movimientos sociales, coaliciones ciudadanas) y los  procesos educativos deben mantener una relación orgánica con la capacidad y fortaleza de incidencia de la ciudadanía.

Raúl Leis R.

Secretario General del Consejo de Educación de Adultos de América Latina,CEAAL

raulleisr@hotmail.com

[1]  Educación de  Calidad para Todos. Un asunto de Derechos Humanos