Como decía Groucho Marx, en una frase que sirve hoy para el tejido asociativo solidario: «el año pasado estábamos al borde del desastre, pero éste daremos un gran paso adelante.»
Hace más de cuatro años, en un artículo de opinión publicado en la página web del CRAC que se llamaba «La Burbuja Asociativa», avisaba de que «las asociaciones, ong, fundaciones… están atrapadas. Han asumido enormes compromisos (con sus destinatari+s, con la comunidad social y con sus propios miembros y trabajador+s), dependen de la Administración, de los recursos públicos que ésta administra, para desarrollar su acción y, en muchos casos, hasta para sobrevivir como organizaciones.»
La crisis económica ha supuesto en toda España un recorte drástico de los presupuestos públicos dirigidos a las políticas sociales y, en primer lugar, de los destinados a subvencionar los programas y actividades de las asociaciones y organizaciones solidarias que vienen trabajando, desde hace muchos años, con los colectivos sociales más vulnerables (personas discapacitadas, drogodependientes, minorías etnicas, personas sin hogar, inmigrantes, ayuda al desarrollo en los países empobrecidos, etc.) o aquellas otras que denuncian injusticias, defienden derechos o la calidad del medioambiente, promueven valores de solidaridad y ciudadanía, etc.
El impacto de estos recortes ha sido tremendo y ha obligado a reducir los programas y actividades, a despedir a mucho personal técnico contratado (a menudo en condiciones precarias), y, sobre todo, a dejar de prestar atención -o precarizarla todavía más- a las personas y grupos sociales en riesgo de exclusión o a otros campos de interés social.
Para una gran parte de esos grupos y temáticas sociales, el apoyo de las organizaciones solidarias era el único con el que contaban, porque -como comentaba en el artículo que he mencionado- la Administración «delegó» en esas organizaciones la atención a esos grupos sociales y a esos campos de la acción social, para no sobrecargar el Estado de Bienestar, para abaratar los costes -siempre más reducidos cuando son las ONGs las que prestan los servicios- y quizás también para presumir de su apoyo al tejido solidario, a las organizaciones de voluntariado, al Tercer Sector y la Sociedad Civil.
Así que, cuando los presupuestos han desaparecido, han desaparecido también los servicios, precisamente en el momento en que -por la crisis económica- más lo necesitaban los sectores sociales más débiles.
Del mismo modo, se han visto mermados los programas y actividades de denuncia, sensibilización social, promoción de la solidaridad y los valores ciudadanos, etc., que han venido creando y sosteniendo conciencia ciudadana en nuestra sociedad. Aunque ello le importa bien poco a la «lógica del mercado».
Pero, siendo todo ello suficientemente dramático, y a menudo ignorado en el debate sobre la crisis económica, no es eso todo.
Las administraciones públicas que, ya en la época de las «vacas gordas» presupuestarias inclumplían sistemáticamente los términos de sus propias convocatorias y los plazos de pago de las subvenciones que destinaban a las organizaciones solidarias, en esta época de «vacas flacas» y presupuestos recortados, directamente no pagan.
Las deudas con las asociaciones y ONGs por el pago de prestaciones y servicios contratados o acordados mediante convenios o convocatorias de subvenciones, se acumulan sin que las administraciones locales, provinciales o autonómicas atiendan sus compromisos ni señalen fechas seguras de pago.
La asfixia de las organizaciones es generalizada, muchas han quedado reducidas a su mínima expresión, en condiciones de resistencia y supervivencia, abocadas a desaparecer como no surja pronto una solución efectiva a estos problemas.
La situación se agrava porque las organizaciones del tejido asociativo solidario no han fortalecido suficientemente en el pasado su independencia ante las instituciones políticas, ni han reforzado su cohesión y coordinación interna, su poder colectivo de interlocución y presión frente a los poderes públicos, y no están en condiciones de fuerza para exigir una rápida respuesta y solución a estos problemas.
Mientras que el gobierno y los partidos políticos se apresuran a «salvar a la banca» con inyecciones millonarias, o se declaran muy preocupados por la situación de las empresas, las organizaciones del Tercer Sector se ven condenadas a mendigar de las administraciones el pago los recursos que se les adeudan.
El Tercer Sector, que fué presentado en el pasado como un potente «yacimiento de empleo», es hoy un generador de paro y precariedad, lo que tampoco se tiene en cuenta cuando se analiza el impacto de la crisis.
Como ya he apuntado, no pueden achacarse todos los problemas a la crisis o a los incumplimientos de las administraciones, porque tampoco las organizaciones solidarias han trabajado adecuadamente para cambiar las condiciones precarias y opacas, de dependencia y subordinación en que se desarrollaban sus relaciones con los poderes públicos. Pero no se trata aquí de buscar responsables, sino de apuntar las consecuencias críticas de un amplio conjunto de malas prácticas.
La actual situación significa la desatención -o el abandono incluso- de muchas personas y grupos sociales en riesgo de exclusión, el debilitamiento -o la desaparición incluso- de muchos programas y proyectos claves para la articulación ciudadana y la construcción de Capital Social en nuestra sociedad, la sobreprecarización -o la pérdida incluso- de muchos puestos de trabajo en el ámbito de la acción social y solidaria, la fragilización -o la pérdida incluso- de muchos espacios de participación social, de dinamización de la iniciativa social y solidaria, espacios de ciudadanía.Todo ello, por cierto, muy coherente con los múltiples indicios de desmantelamiento del inacabado Estado de Bienestar a los que estamos asistiendo en el momento presente.
Son consecuencias demasiado graves y excesivos los riesgos sociales como para que pasen inadvertidos para el conjunto de la sociedad, para los poderes públicos, para el propio tejido asociativo solidario. No será fácil, pero, también en este orden de cosas, es el momento de reaccionar y exigir, de las propias organizaciones solidarias y de los poderes publicos las respuestas adecuadas. Para empezar:
- No al recorte de los presupuestos sociales, y menos aún en esta situación de crisis.
- No al recorte de los apoyos públicos al tejido asociativo solidario, y menos aún cuando más necesitamos la solidaridad y la cooperación social.
- Cumplimiento de los compromisos y plazos de pago de las administraciones públicas.
- Dignificación -de una vez por todas- de la acción y el trabajo social de las organizaciones solidarias.
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