Apuntes para la Participasión

Por Jorge Osorio Vargas

La crítica al funcionamiento de las democracias realmente existentes, en nuestra región, es un signo cada vez más enfático en este tiempo reciente. Es tanto un asunto de desconfianza de las instituciones y de los actores políticos tradicionales (especialmente los partidos), lo que se expresa en las movilizaciones juveniles y estudiantiles con una clara impronta crítica y rupturista), como también de pérdida de sentido de la política misma y de la significación de los espacios públicos como ámbitos de expresión e incidencia ciudadana real.

Sin embargo, en sentido inverso, la crítica democrática está siendo también fuente de renovación de las formas de hacer política, de un fortalecimiento de los movimientos ciudadanos orientados a la ampliación de la democracia representativa hacia una democracia participativa y de una ampliación de las temáticas de interés ciudadano en el debate público, como son las consecuencias culturales, económicas, medio ambientales cotidianas de la globalización en la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, podemos sostener que no estamos ante una declinación de la política, sino más bien ante una tendencia dirigida a relegitimar la democracia desde el ejercicio y reconocimiento pleno del ejercicio de la ciudadanía en todos los ámbitos que establece la doctrina de los derechos humanos.

En efecto, el asunto central de estas nuevas movilizaciones es la constatación de una asimetría entre el principio del respeto de los derechos humanos y la incapacidad de las instituciones políticas para garantizarlo; dicho en términos más directos: el capitalismo tecno-liberal dominante y la democracia y su sustento en los derechos humanos no constituyen un sistema virtuoso. El “clásico” tema teórico y práctico de las condiciones sociales y económicas que deberían hacer posible la viabilidad y consolidación de la democracia en la sociedad se releva con toda su fuerza en la actual coyuntura política.

En Chile uno de los principales déficit de la democracia desde los años noventa del siglo pasado ha sido su precaria condición deliberativa. La transición institucional post dictadura exigió niveles altos de consensos y disciplina para asegurar gobernabilidad. Ha sido recurrente valorar el desarrollo político de los últimos veinte años por la existencia de un régimen de acuerdos. El disenso adquirió un tono sospechoso y dañino para la seguridad democrática.

Podemos decir que vía chilena a la democracia post dictadura ha estado de manera importante sustentada en un temor al desacuerdo, permaneciendo, de manera invariable, procedimientos e instituciones excluyentes, pero que tienen la virtud de darle estabilidad al régimen político, como es el sistema electoral bi -nominal.

El “sistema de los consensos” ha conllevado una tendencia a la “elitización” de la política y una estricta observancia de un modelo de gobernabilidad de restrictiva participación ciudadana. Los resultados de este fenómeno ha sido la desafectación política de importantes sectores de la ciudadanía, la parálisis en el desarrollo de nuevas instituciones que aseguren una dimensión participativa de las políticas públicas y un énfasis en la seguridad, más que en el desarrollo de formas participativas y deliberativas de democracia (Boeninger,1997)

La noción de lo común en nuestra democracia ha estado sustentada en el valor (y la estima social extendida) de la seguridad. Ante situaciones políticas conflictivas o tensiones sociales es cotidiano escuchar de parte de la clase política la necesidad de blindar los procesos. Esta expresión no es sino la forma como los actores políticos reaccionan ante la incertidumbre y el conflicto. Se desconfía de la deliberación, y las personas tienden a confiar en consensos y acuerdos que aparenten controlar todo riesgo y disminuir el temor a lo “distinto” y lo “inédito”. Nos preocupa que en el país se consolide, de este modo, una tendencia hacia una privatización de la democracia y del debate de los asuntos públicos.

Pero lo cierto es que en contextos globales post-industriales la gobernabilidad requiere una gestión del riesgo y la incertidumbre, participación y la apertura de dinámicas deliberativas. La opción contraria sería consolidar una democracia elitista llamada a regular y disciplinar el régimen político, a través del desarrollo de un liderazgo de la seguridad. Entonces, el dilema de los ciudadanos sería renunciar a la participación en el espacio público y entregar una especie de mandato para que unos pocos gestores definan el contenido y el sentido de lo común.

Es evidente que, en Chile, opiniones críticas sobre el desarrollo político se manifiestan en los bordes de tales consensos, por la insuficiente habilidad que tiene nuestra democracia institucional para procesar lo emergente, lo distinto, la alteridad. Así ha sucedido históricamente frente a temas como las violaciones de los derechos humanos, los asuntos de los derechos sexuales y reproductivos y los conflictos medioambientales. No existe una capacidad efectiva de procesar públicamente y bajo condiciones de una democracia deliberativa dilemas morales de fondo.

El debate sobre la educación no es ajeno a esta situación general. En su caso específico, la cuestión se complica aún más por el excesivo celo que han tenido los gestores de la política educativa en razón de sus planteamientos y resultados, y la tendencia a un liderazgo de la seguridad, más que a un liderazgo que integre y cohesione desde la pluralidad. Las políticas educativas en Chile han sido más bien ensimismadas, sustentadas en la auto elaboración de un discurso social que las define como “de consenso”, “consensuadas”, pero la verdad tal proceso de construcción social no ha existido; han sido políticas poco abiertas a la crítica y a la diversidad de planteamientos, fundados en un modelo de procesamiento de los consensos de carácter experto.

Por todos los antecedentes señalados, nos parece de importancia señalar dos grandes ejes para desarrollar del tema de este artículo:

1. el asunto de la relegitimación de la democracia y sus vías de expresión de sus principios de representatividad y participación ciudadana, y;
2. el asunto de la ampliación de la calidad de la democracia entendida como la configuración de un pacto social que implique instituciones y sujetos adheridos al sentido común (ético y jurídico) de los derechos humanos.

Desde la perspectiva de “lo educativo”, los temas que estamos señalando implican plantearse las posibilidades, condiciones y contenidos de una educación para la ciudadanía y su correspondiente pedagogía, que en nuestra opinión debería asumir dos importantes dimensiones:

1. la de configurar un sentido común fundado en los derechos humanos que permita a los ciudadanos-as vigilar, denunciar y exigir a las instituciones en las que se constituye el poder, y;
2. desarrollar movimientos ciudadanos para establecer “democracias participativas” en los ámbitos institucionales más resistentes a reconocer el ejercicio de una democracia soberana.

Podemos decir que existen tres manifestaciones en las cuales pueden darse estos movimiento, practicando a) una democracia de la expresión(la ciudadanía toma la palabra); b) una democracia de implicación(la ciudadanía establece acuerdos acerca de cómo quiere su democracia y su sociedad) y c) una democracia de intervención y de confrontación(la ciudadanía actúa como movimiento colectivo para conseguir lo deseado) (Rosenvallon, 2007)

Nuestra tesis es que la educación en derechos humanos, entendida como una educación de la ciudadanía, practicada en todos los ámbitos sociales y de aprendizaje y desarrollada bajo diversas modalidades institucionales (escolares o no), es una condición de posibilidad para la consolidación de estos tres modos de ejercicio democrático. En este sentido, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos actúa como un horizonte crítico, ético y jurídico, de las prácticas de los movimientos sociales, de las instituciones políticas y de las recreaciones democráticas que exigen los tiempos actuales bajo el tecno-capitalismo. Es un contribuyente a la creación de un capital cívico capaz de mantener siempre vigente la crítica de la democracia en perspectiva de ampliarla en un sentido participativo .

1. Modelos de educación para la ciudadanía en disputa

Como hemos señalado anteriormente la tensión principal en el campo político es la forma asimétrica como se desarrollan las dinámicas del tecno-capitalismo (concentración del poder, “mercadismo” extremo, exclusión estructural, monopolización del conocimiento) las demandas democráticas de los ciudadanos. Los sistemas democráticos dominantes se muestran resistentes a reconocer la diversidad de actores y culturas que se expresan en los países. Un conservantismo jurídico (presente en izquierda y derecha) impide, por lo general, el despliegue de las nuevas formas democráticas de expresión, de participación y de confrontación que surgen a partir de conflictos ambientales, culturales, laborales y de gobierno local. Por ello, no existen cauces para reconsiderar las bases sociales del Estado de Derecho democrático y las nuevas formas de soberanismo y de manifestaciones auto-constituyentes que se manifiestan en la sociedad.

Populismos autoritarios tampoco reconocen esta cultura de emergencia democrática autónoma y confunden la retórica constitucionalista con lo que significa un pacto social democratizador, que reconozca el derecho de la ciudadanía a someter los regímenes institucionales a una revisión consecuente con los principios de los derechos humanos.

Antes de referirnos a las coordenadas de la pedagogía ciudadana que surgen de los movimientos sociales nos parece fundamental describir los planteamientos y las políticas de educación para la ciudadanía y los derechos humanos que se despliegan en los países, desde la iniciativa de los Estados, y que, por lo general, obedecen a orientaciones o “inspiraciones” de organismos internacionales y multilaterales.

Dos aspectos son necesarios relevar en este asunto:

1. Estas iniciativas de educación para la ciudadanía se realizan desde los años noventa pasados en el marco de reformas educativas y de modernización curricular que buscan poner a tono el rol de las escuelas con la formación ciudadana y constitucional (Osorio,2006)
2. Estas políticas han dado lugar, en destacados casos, a experiencias y proyectos innovadores, que han permitido la ampliación del concepto de educación ciudadana más allá del “contenido doctrinario y constitucional”, suscitando la articulación de las prácticas educativas institucionales con nuevos desafíos curriculares y culturales, como son los temas del medio ambiente, la no discriminación, los enfoques de género en la gestión educativa, los derechos de los pueblos originarios, la ampliación de la ciudadanía a ámbitos sociales y económicos y la enseñanza de las violaciones de los derechos humanos durante el ciclo de las dictaduras militares en el marco de una “pedagogía de memoria” (Osorio, 2006; Rubio, 2013 a; Rubio,2013 b)

Según nuestro análisis, en las propuestas de educación para la ciudadanía desarrollados en el marco de las Reformas disputan dos enfoques:

1. El primer enfoque se fundamenta en la noción de gobernabilidad democrática. Su argumento es el siguiente: las democracias latinoamericanas requieren modernizas sus instituciones, especialmente sus parlamentos y el poder judicial, aumentar los índices de transparencia, implementar mecanismos que procesen conflictos sociales cuyo factor principal debe ser un sistema de partidos políticos sólidos, acrecentar el acceso a una educación de calidad y desarrollar políticas de combate a la pobreza y de protección social. Todo esto en el marco de un modelo de mercado que no se somete a discusión, aún mas, se trata de dotar a los sistemas políticos de una racionalidad liberal que permita la consolidación de la inversión extranjera, la seguridad mercantil y una postura leve del Estado en relación al funcionamiento del mercado. Este esquema se asocia a los valores de la democracia representativa y si bien se reconoce los déficit en el funcionamiento de ésta se apuesta por la modernización constitucional y el desarrollo de políticas de las llamadas igualdad de oportunidades o de crecimiento con equidad. Los derechos humanos se reconocen como atributos constituyentes de la democracia y plantean los diseños de gobernabilidad en perspectiva de conseguir que la democracia sea capaz de moderar y consensuar la garantía y la exigibilidad de estos derechos en todas sus generaciones. Retóricamente se reconoce que el sistema educativo tiene un rol fundamental para sustentar una cultura cívica que desarrolle esta democracia de los consensos y que asegure que los llamados sectores emergentes se expresen o se confronten dentro de los marcos de la democracia representativa. En las reformas curriculares se ha acentuado el peso de la enseñanza de los valores ciudadanos desde este enfoque de civismo democrático (IEA, 2010; Cox, 2010; García & Flores, 2011; Cox, 2013)
2. Un segundo enfoque que ha orientado la educación para la ciudadanía en las reformas educativas se sitúa desde la perspectiva del desarrollo de una educación ética (o formación en valores) ampliando el carácter de la enseñabilidad de los derechos humanos hacia una concepción educativa que remite la acción formativa a la esfera de actuación moral y social de los sujetos. Se hablará de una educación deliberante y de la formación de estudiantes deliberantes como condición del aprendizaje de los derechos humanos, poniéndose el acento en las capacidades morales y en las competencias de participación de los jóvenes ante los asuntos de interés público (Madgenzo, 2011)
3. Según esta orientación, las esferas de la educación para la ciudadanía están mediadas por una idea de ciudadanía democrática que se constituye no sólo desde lo institucional sino también : 1) desde la práctica de una ética política que se expresa en la voluntad de construir sentidos comunes para participar en el ámbito público; 2) en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los sujetos; 3) en la generación de acciones colectivas para la democratización de la sociedad, la participación en los mecanismos existentes para exigir derechos y libertades al Estado; 4) el despliegue de una subjetividad sensible a la ayuda mutua, el reconocimiento, al cuidado de las personas y del medio ambiente, a la solidaridad y a la no-discriminación-

2. Coordenadas de una pedagogía para “nuevas ciudadanías”

Los contenidos del anterior apartado nos dan pie para explorar lo que constituye el mapa de contenidos de la educación en derechos humanos según las prácticas y teorías pedagógicas de los movimientos ciudadanos democratizadores

Para ello es preciso relevar los siguientes antecedentes de “situación” que vive el desarrollo de las democracias de nuestros países:

• La fisura entre la potencial capacidad institucional para abrir los campos y mecanismos de participación ciudadana como resultado de la acción de los movimientos sociales y las restricciones que el modelo de gobernabilidad predominante establece, para evitar el “desborde” de las pretensiones ciudadanas en relación al cambio del modelo económico y las posibilidades de avanzar hacia políticas económicas garantistas de los derechos humanos en todas sus dimensiones.
• La incapacidad de los partidos políticos tradicionales para “leer” las prácticas democráticas de confrontación como fuentes de una revitalización de la vida ciudadana, imperando más bien el sentimiento de amenaza y de desconfianza a la capacidad auto-constituyente de los movimientos ciudadanos.
• El debilitamiento de la capacidad transformadora de coaliciones de izquierda al momento de asumir el gobierno por las “exigencias” de la dinámica global del tecno-capitalismo y la conformidad con la aplicación de modelos social-liberales que apuntan más al “crecimiento” que a la equidad.
• Las disputas sobre el liderazgo, orientación y propuestas institucionales de los movimientos ciudadanos, en perspectiva de conseguir cambios institucionales y virajes en las políticas públicas. Sin embargo, experiencias de gobiernos locales y regionales están siendo fuentes de innovación y creación de vías institucionales para nuevas formas de participación ciudadana y de relación entre los gobiernos y la sociedad civil democrática.
• La amplitud de las demandas sociales y culturales que se expresan en la sociedad civil y en sus organizaciones generan “emergencias” no siempre convergentes, dada las lógica diversas de los actores, que tienen raíces sociales adherencias cultural diferentes, que adoptan patrones de identificación y movilización propios, que pueden ser más o menos reactivos a las políticas de izquierda existentes en el continente, y que no siempre ponen en el debate los derechos humanos en todas sus generaciones como punto focal de sus “políticas”. Soberanismo y nuevo constitucionalismo “desde la sociedad civil” puede ser un buen apelativo para nombrar este decisivo asunto tanto para la realidad de los movimientos sociales como para la educación para la ciudadanía (Rosanvallon, 2007).
• La crisis de control estatal de la seguridad pública por efecto del crimen organizado y la consecuente pérdida de legitimidad y confianza de los gobiernos por parte de la población y la generación de redes que reemplazan la adhesión a las autoridades legalmente constituidas por una incorporación en bandas para-militares altamente corporativizadas y violentas que resultan atractivas para jóvenes y niños desplazados, maltratados, excluidos.

Teniendo en cuenta estas coordenadas, consideramos que la dimensión pedagógica de la educación en para la ciudadanía y derechos humanos en puede configurarse desde los siguientes planos de significación:

1. Pedagogía acerca los atributos jurídicos de la democracia, es decir sobre el reconocimiento, la protección y el ejercicio de los derechos civiles y las libertades públicas reconocidas en un Estado Social de Derecho. En sentido estricto, podemos decir que esta definición tiene como fuente genuina la tradición liberal-democrática de ciudadanía. Una agenda de fortalecimiento de la ciudadanía en este ámbito se relaciona con las reformas políticas-institucionales que permitan formas de participación directa, iniciativa popular de ley, libre acceso a la información del gobierno (contabilidad pública), control ciudadano de las políticas gubernamentales, gestión participativa de los presupuestos locales, incorporación de la revocación de mandato de los representantes elegidos por votación popular, la democratización de los gobiernos regionales, entre otros asunto no menos importantes. En este plano el concepto de ciudadanía se vincula con el respeto cabal de los derechos humanos y es un verdadero test de calidad democrática de la institucionalidad del Estado en un nivel fundamental.
2. Pedagogía sobre el respeto de la diversidad, la tolerancia, la integración, la no – estigmatización y no-discriminación sea por la razón que fuese. En este plano, distinguimos demandas como un marco legal que sancione la no discriminación, el respeto de los derechos de los emigrantes y el cumplimiento de los compromisos internacionales y multilaterales que has suscrito los Estados.
3. Pedagogía sobre el reconocimiento de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil como actores que deben ser valorados, consultados, integrados y sujetos, a través de instituciones formales, del control ciudadano de la gestión pública y de las autoridades, más allá de la función constitucional de fiscalización que ejercen la institución parlamentaria y otros órganos contralores del Estado. Este reconocimiento del “sujeto ciudadano” es clave para fundar una democracia sujeta al control ciudadano formal, que dispone de un sistema de acceso a la información que se genera en las instituciones públicas.
4. Pedagogía sobre el proceso comunicacional y deliberativo que constituyen las democracias, que permite reconocer identidades colectivas de distinto signo que configuran la democracia como un espacio de diversidades. Por esta razón podemos hablar de “ciudadanía compleja”, es decir de una ciudadanía que necesita, para desarrollarse, la existencia de un capital cívico y social que permite estándares básico de confianza, existencia de procedimientos formales o informales para resolver conflictos por la vía no-violenta, y colectivos o comunidades organizadas de diferente manera que generen en la sociedad las capacidades estratégicas de toda democracia, como son la argumentación, el diálogo, la creación de acuerdos sociales, la participación comunitaria. Existe una relación directa entre la calidad de la Ciudadanía y el capital cívico y social existente en la sociedad.
5. Pedagogía del proceso de producción social de valores, es decir, de la generación de recursos morales cívicos y sociales, lo que remite a la realidad normativa democrática fundamental de la democracia, esto es: los derechos humanos.

3. Condiciones de posibilidad de la educación para la ciudadanía como sustento o capital cívico de las democracias

En este apartado planteamos lo que consideramos las “claves” para desarrollar la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en consonancia con los argumentos señalados anteriormente. Son “claves” que se refieren a un cuerpo de contenidos propio pensamiento político crítico y habilitante para configurar los contenidos de la educación en derechos humanos, rompiendo el corsé de los modelos liberales de gobernabilidad

1. La democracia es principalmente una experiencia ciudadana, de participación en la vida comunitaria y de autonomía moral de los sujetos buscando el cuidado y la justicia de y para los otros (los próximos ). Esta definición tiene un carácter normativo y práctico a la vez. La participación ciudadana y la vitalidad de la sociedad civil son la manifestación de un conjunto de preferencias valóricas y los intereses de estos sujetos. Son precisamente, estos factores (que constituyen una cultura política) son los que le dan legitimidad y sustento a la democracia. Este punto de vista es el que nos lleva a sostener que la clave de la democracia de nuestros países está en la implicación de la sociedad civil en la esfera pública. Dado que la sociedad civil es un espacio de “provisión de recursos cívicos” para la democracia. Es evidente que esta implicación de la sociedad civil en la esfera pública ha llegado a transformar el modo de acción política de los ciudadanos, que había estado por mucho tiempo canalizando a través de los partidos.
2. “Ciudadanía” es un “argumento”, no sólo un fenómeno sociológico, pues refiere a una manera de experimentar la democracia y la innovación institucional de la misma: desde la perspectiva de la educación implica valorarla como escenario de proyectos de cambio, reconociendo la pluralidad o diversidad de los sujetos de la sociedad civil.
3. El fortalecimiento del los movimientos ciudadanos exige crear capacidades y capital social: asociatividad, confianza en proyectos comunes, comunitarismo, habilitación para la participación y la argumentación, resolución de conflictos, gestión de la incertidumbre, acceso y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, competencias para ingresar a la globalización (ciudadanía económica), mecanismos de control ciudadano de las políticas públicas y de las decisiones de los gobiernos, redes de fiscalización del gobierno corporativo de las empresas y de las entidades financieras multilaterales.
4. La estrategia de una educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en cuanto pedagogía ciudadana, debe orientarse a generar capacidades comunicacionales en los movimientos ciudadanos alentando su potencial crítico. Estos son el terreno de la discusión crítica donde los individuos se encuentran como personas públicas, se fortalecen como sujetos ante los poderes fácticos, se ejerce el aprendizaje de las libertades públicas, se crean competencias para la convivencia, se produce la nueva alfabetización para el autogobierno y el ejercicio de la autonomía moral de los ciudadanos en la globalización tecno-capitalista.
5. Dado que en la sociedad civil se forma el capital social para una democracia es preciso la capacitación de los ciudadanos en desarrollo como un proceso de dinamismo participativo, en todos los ámbitos, incluidas las escuelas.
6. Desde esta perspectiva la democracia en general se entiende como “deliberativa”. De ahí la importancia de entender la pedagogía ciudadana como un proceso de creación de capacidades para la “deliberación”, lo que implica promover una ética del Cuidado y Reconocimiento del otro, la valoración de los derechos de los diversos, crear las competencias para dirimir públicamente conflictos sociales, entre otros aspectos, lo que cambiaría sustancialmente la agenda pública de la educación en nuestro países, y acentuaría el protagonismo a la educación popular y comunitaria.
7. Los movimientos ciudadanos son también el espacio para revertir el individualismo neoliberal a través de “redes” y comunidades que reflexionen sobre el sentido público de la experiencia humana, que recuperen a los excluidos y empobrecidos de la dinámica del tecno-capitalismo, que vinculen a los sujetos a las culturas y a los relatos que sustentan su identidad-diversidad.

4. Conclusiones: educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y pedagogía ciudadana

1. La democracia supone una moralidad pública compartida por los ciudadanos (as): ella de fundarse en los derechos humanos Esta es una afirmación que comparten los teóricos y el sentido común de la gente. En nuestros países el tema predominante entre los movimientos ciudadanos es no sólo justificar y demostrar en la práctica la relación entre ética y democracia sino conseguir una revitalización ética de la sociedad (y de las democracias).Este tema “clásico” del vínculo entre teoría política y práctica ética se actualiza en los términos de que la democracia requiere sostenerse en procedimientos donde “lo deseado” debe validarse deliberativamente, participativamente, comunicacionalmente. De ahí el valor de la imagen de la “plaza pública” para indicar el atributo comunicacional de toda acción política y de la institución democrática.
2. Junto a este sentir común acerca del “descrédito” de la política democrática constatamos un proceso más profundo que marca una tendencia clave para entender la actualidad de nuestros países: estamos viviendo cambios en el sentido y en la estructura misma de la política Desde el punto de vista de la construcción de una pedagogía del campo político se requieren reconstruir los códigos interpretativos y hacer nuevos mapas cognitivos para comprender y actuar la política.
3. Una pedagogía ciudadana no puede plantearse sino como una propuesta en transición (en obra) pues la misma política está en transición. La democracia se nos presenta sin un sentido unívoco. Cognitivamente es preciso complejizar la mirada. Estamos siendo partícipes de nuevos procesos de diferenciación social. Los diferentes campos (economía, cultura, política) adquieren cada vez más autonomía. Esta pluralidad de campos autónomos segmenta intereses materiales e impide los principios, la acción y las identidades colectivas. Existe una crisis del sentido de lo común.
4. Una pregunta clave para la pedagogía ciudadana es cuál es el lugar de la política y el valor de la misma. Máxime en un contexto donde el mercado adquiere una gravitación clave en lo social. La mercantilización de las más diversas relaciones humanas moldean un nuevo tipo de socialización. El mercado se impone a la política y se reestructura la relación entre lo privado y lo público. El espacio público es mucho menos condicionado por la política que por el mercado. Desde una perspectiva crítica esto significa que lo público es un espacio mitigado para el desarrollo de la ciudadanía, pues el mercado adquiere un carácter público, y sus marcos establecen las medidas de las propias relaciones públicas (competencia, productividades, eficiencias, oportunidades).
5. Diversos movimientos ciudadanos se plantean en esta coyuntura con la consigna de ciudadanizar la política, planteando el desplazamiento del eje de la acción política del Estado a la ciudadanía. Este es sin duda otro tema clave de la agenda de debate de la pedagogía ciudadana. La política institucional restringe su campo de acción, son más limitados los recursos disponibles para “hacer política institucional” y el financiamiento de las acciones públicas se hace inalcanzable para los movimientos ciudadanos independientes de cualquier poder fáctico (empresarios, militares, iglesias, medios de comunicación). Por ello la acción política de estos movimientos se hace en el límite de la política. Se produce una especie de informalización de la política, un desborde ciudadano de la política institucional. Esta situación disminuye la distancia entre la política y la sociedad pero simultáneamente provoca un vaciamiento de las instituciones políticas y su crisis de credibilidad.
6. Es preciso refundar el concepto de gobernabilidad: desde una perspectiva de ampliación democrática, gobernabilidad debe ser el conjunto de acciones asociadas a la creación de relaciones ciudadanas mediatizadas por procedimientos e instituciones democráticas, en que la relación gobierno-ciudadanía está normada por procedimientos de balance, fiscalización, revocación de mandatos y un constante perfeccionamiento de las reglas. En este sentido, gobernabilidad (o más propiamentegobernanza) es una manera de referenciar poder político y ciudadanía a través de una democracia participativa.
7. Los derechos humanos han surgido de un proceso continuo que tiene su fuente la noción de ciudadanía como la condición del derecho a tener derechos, que ha sido el resultado de luchas y empoderamiento social y del pensamiento político (Arditi, 2007). Esta visión implica la idea de ciudadanía como condición social, como atributo, como el contenido de plena pertenencia a una comunidad política particular y como la capacidad de cuestionar y controlar a la autoridad, involucrándonos en las discusiones públicas. Esto es entender la ciudadanía como racionalidad pública, lo que pedagógicamente significa aprender a argumentar, dar razones, deliberar, desarrollar la racionalidad comunicativa de los ciudadanos. Desde las últimas décadas del siglo pasado se han desplegado una diversidad de movimientos ciudadanos que han cuestionado aspectos fundamentales del sistema político democrático occidental, como la representación, la legitimidad de los partidos políticos, la credibilidad de las instituciones parlamentarias, el agotamiento de los liderazgos tradicionales.La tradición intelectual se ha visto animada por estos fenómenos actualizándose el debate sobre la Ciudadanía en cuanto concepto clave de la teoría política.
8. En el desarrollo teórico contemporáneo de alto impacto en el pensamiento político-pedagógico, la Ciudadanía se ha referido en una primera esfera al estatuto jurídico del individuo en cuanto: a) sujeto de derechos, y: b) sujeto de deberes con el Estado. Esta dimensión de la Ciudadanía ha sido codificada paulatinamente de manera positiva en el orden legal de los países democráticos. Luego, en una nueva esfera, se distingue no sólo la dimensión, “jurídica” sino también la dimensión” histórica” que refiere la Ciudadanía a dinámicas sociales e históricas que han extendido el repertorio de derechos configurando nuevas formas de representación política y de la relaciones entre los ciudadanos y el Estado (Rubio, 2013) En esta última versión se ubica el enfoque pedagógico que consideran la Ciudadanía como un proceso paulatino de mejoramiento positivo de los derechos ciudadanos generado por la acción de movimientos sociales. Una tercera esfera es la que define Ciudadanía como un modo de a) pertenencia y vinculación a una comunidad política y, b) de reconocimiento práctico de derechos y de obligaciones de los individuos en relación a otros que pudieran tener otras formas de pertenencia, pero de igual forma respetan este régimen de reciprocidad. A esta forma de Ciudadanía se le ha llamado “Ciudadanía de reciprocidad” o bien “Ciudadanía de reconocimiento” y se define como un argumento moral que se expresa en conceptos prácticos como solidaridad, reciprocidad y confianza De esta perspectiva las definiciones de Ciudadanía no se reducen a sus referentes modernos occidentales tales como universalidad e igualdad sino que se amplía a la consideración de que la Ciudadanía es un conjunto de recursos cívicos y éticos para el ejercicio expresivo, participativo y confrontacional -generativo de la democracia. Desde esta mirada adquieren gran relevancia la enseñabilidad de las capacidades cívicas, entre ellas la más fundamental: la promoción, el ejercicio de los derechos humanos y su exigibilidad ante el Estado.

(El presente artículo fue publicado originalmente en la revista Rizoma Freiriano, en el nº 18 de 2015)

Bibliografía

Arditi, Benjamín (2007) Ciudadanía de Geometría Variable y Empoderamiento social: una propuesta, en PNUD, Ciudadanía y Desarrollo Humano, Cuadernos de Gobernabilidad Democrática 1. Buenos Aires: Siglo XXI.

Boeninger, Edgardo (1997) Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad, Ed. Andrés Bello, Santiago,

Cox, Cristián (2010) La Educación Cívica en los Curriculum Vigentes, en Tedesco, Juan Carlos, Educación y Justicia: el sentido de la educación, Fundación Santillana, Madrid:

Educación y justicia: el sentido de la educación (Consultado, 10, mayo, 2013)

Cox, Cristián (2013) El Principio de Fraternidad en los Valores, Instituciones y Relaciones Sociales en la Educación Escolar Latinoamericana, en Mardones Rodrigo, Fraternidad y Educación , Buenos Aires, Ciudad Nueva

IEA (2010) Informe IEA sobre Educación Cívica (2010) (Consultado 10,mayo,2013)

García, Carolina, Flores, Luis (2011) Los Desafíos de la Formación Ciudadana y la Cohesión Social frente a la des-subjetivación. Hacia una interpretación del fenómeno social desde lasubjetividad, Estudios Pedagógicos XXXVII N° 2, 329-344, Valdivia, Universidad Austral

Madgenzo, Abraham (2011) Formación de Estudiantes para una Democracia Deliberativa,Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación(Consultado 10, mayo, 2013)

Osorio, Jorge (2006) Educación para los Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, en Osorio, Jorge y Rubio, Graciela, El Deseo de la Memoria. Escritura e Historia, Escuela de Humanidades y Política, Santiago de Chile.

Rubio, Graciela (2013 a) El pasado reciente en la experiencia chilena. Bases para una pedagogía de la memoria (Consultado 13,mayo, 2013)

Rubio, Graciela (2013 b) Política, Memoria y Pedagogía, LOM, Santiago

Rosanvallon, Pierre (2007), La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Ed. Manantial, Buenos Aires